Coalition for the International Criminal Court
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Cumpliendo con la promesa de una Corte efectiva, justa e independiente
Las ONG están siguiendo de cerca los primeros pasos de la Corte Penal Internacional en la construcción de un sistema de justicia creíble. La mayor parte de la sociedad civil sigue de cerca también ciertas cuestiones, como la adecuada asignación del presupuesto anual de la Corte. Pero, por otro lado, algunas ONG enfocan sus esfuerzos en áreas de trabajo específicas de la CPI, especialmente en relación a su trabajo e infraestructura. Para formar parte de este proceso y para conocer más sobre cómo funcionan los equipos de la Coalición lea a continuación.
Presupuesto y finanzas
Las cuestiones presupuestarias y financieras son vitales para el funcionamiento efectivo de la Corte en todos los niveles: desde las decisiones en relación a las instalaciones de la Corte hasta el trabajo de la Corte en los países con situaciones.
Crimen de agresión
El Artículo 5 del Estatuto de Roma expresa que la CPI debe tener jurisdicción sobre los crímenes de agresión. Hasta la Conferencia de Revisión de 2010, este crimen aún no había sido definido, creando continuas discusiones en relación a qué implica y en qué condiciones debe ser juzgado.
Elección de los oficiales de la CPI y la AEP
La Asamblea de Estados Partes (AEP) elegirá a varios oficiales de la CPI de alto nivel, incluyendo 18 jueces de la Corte, su Fiscal y los miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas. Las ONG monitorean las elecciones para asegurar que sean justas y transparentes y para que sean eficientes a la hora de elegir a los candidatos mejor calificados.
Género y la CPI
Las ONG estuvieron a la vanguardia a la hora de asegurar que el Estatuto de Roma cuide rigurosamente los derechos de las mujeres. Como resultado, el Estatuto es el primer tratado internacional que identifica los crímenes en contra de la mujer como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, en ciertas instancias, genocidio.
Representación legal
Las ONG exigen que exista una representación legal adecuada para los acusados y las víctimas de la CPI, esencial para el efectivo funcionamiento de la Corte. Como la representación legal es un pilar de la Corte, las ONGs siguen de cerca los avances de la Oficina del Defensor Público para la Defensa y de la Oficina del Defensor Público para las Víctimas. Las ONG también están involucradas en el proceso de realización de un Código de Conducta Profesional.
Conferencia de Revisión
La primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma se realizó en Kampala, Uganda del 31 de mayo al 11 de junio de 2010. Los Estados Partes a la CPI, Estados observadores, organizaciones internacionales, ONGs, entre otros participantes discutieron sobre las reformas propuestas al Estatuto y evaluar su impacto hasta el momento. Los debates se enfocaron en las víctimas y las comunidades afectadas, la complementariedad, la cooperación, la paz y la justicia. Los Estados adoptaron también las disposiciones que regulan la habilidad de la Corte para investigar y procesar individuos por crímenes de agresión. Más de 600 miembros de la Coalición desempeñaron un papel central a la hora de mejorar el diálogo sobre el sistema de Roma y aseguraron que las voces de la sociedad civil fueran realmente escuchadas realizando numerosos debates, mesas de discusión y otros eventos.
Víctimas y testigos
Los derechos, las necesidades y las preocupaciones de las víctimas y de los testigos deben ser tomados en cuenta en todas las etapas de los procedimientos de la CPI. Aunque se han realizado varios avances sobre esta cuestión, todavía quedan varios aspectos por tratar. En particular, las ONG quieren asegurar la realización de actividades de sensibilización apropiadas para que las víctimas puedan conocer los derechos que poseen según el Estatuto de Roma. Otra cuestión que preocupa a las ONGs es la protección de víctimas y testigos, así como los mecanismos establecidos por la Corte sobre el territorio y en La Haya.
Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas
El Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (FFBV) representa una parte esencial del innovador mandato de la Corte en relación con las víctimas, más allá de que es evidente que no se puede lograr justicia sólo a partir de retribuciones. El Estatuto de Roma de la CPI les permite a las víctimas pedir reparaciones de los perpetradores. Las actividades y los proyectos independientes del Fondo Fiduciario generarán medios concretos a través de los que se podrán satisfacer las necesidades más específicas de las víctimas.